Mecanismos alternativos de resolución de litigios que evitan los largos y costosos procedimientos judiciales

Se habla mucho últimamente, y con razón, del retraso en la administración de . Se trata de una preocupación generalizada que responde a una verdad irrefutable, la justicia lenta es menos justicia. Varias son las causas que pueden señalarse como motivo de esa lentitud, entre las principales, el incremento de asuntos en los juzgados y tribunales, en existe un exceso de litigiosidad respecto del resto de países de nuestro entorno que evidencia una exagerada judicialización que no ha ido acompañada de un aumento en el número de jueces, actualmente 11 por cada 100.000 habitantes, casi la mitad que en el resto de Europa donde la media es de 19 por cada 100.000 habitantes, lo que supone una saturación de asuntos y una carga de trabajo imposible de asumir, en un tiempo razonable, si se pretende mantener una justicia de calidad con resoluciones pensadas y trabajadas. A ello hay que añadir los también escasos recursos humanos y materiales, así como estructuras que han quedado obsoletas en el siglo XXI, especialmente en la primera instancia, leyes procesales en algunos casos muy poco ágiles y eficaces y una ejecución lenta y complicada.

Son pues los principales problemas que afectan a la justicia en el momento actual, el exceso de litigiosidad, la necesidad de modernizar leyes y estructuras y la falta de jueces. Con independencia de la necesidad de que se cree el suficiente número de plazas judiciales y se modernicen las leyes procesales, sería deseable que se acudiera con mayor frecuencia a otros mecanismos alternativos para solucionar los conflictos, pues a nadie le pasa desapercibido que un buen número de asuntos que entran en los juzgados y tribunales nunca deberían acceder a los mismos, al existir otros medios de resolución de litigios más eficaces y rápidos que evitan largos y costosos procedimientos judiciales y sobre todo con resoluciones mucho más satisfactorias para las partes en conflicto, estos mecanismos son el y la , a los que debe añadirse la negociación entre las partes enfrentadas a fin de poder llegar a un acuerdo.

No existe en España la cultura de la mediación, la posibilidad de solucionar los asuntos a través de acuerdos, lo que es normal en otros países, por ello sería necesario concienciar tanto a los profesionales como en general a la sociedad de la ventaja que supone acudir, cuando surge el conflicto, a estas vías alternativas y únicamente como ultima ratio a los tribunales.

Junto al arbitraje,  por un tercero ajeno a las partes y la mediación, intervención de un tercero, mediador imparcial, elegido por las partes que voluntariamente intentan alcanzar un acuerdo, debe destacarse la negociación, en la que únicamente intervienen las partes, normalmente dirigidas por sus letrados, que puede intentarse antes de acudir a los tribunales o una vez iniciado el procesoPudiendo el acuerdo elevarse a escriturapública ante notario, que tiene la consideración de título ejecutivo, o si se logra después de iniciado el procedimiento puede procederse a su homologación, siendo el auto dictado también título ejecutivo.

Estos métodos alternativos de resolución de conflictos, son igual de eficaces que la resolución ante los tribunales, incluso en el proceso civil el intento de acuerdo es el primer acto que ha de realizarse en la audiencia previa y que la mayor parte de las veces se frustra porque los letrados no han intentado con anterioridad hablar con la parte contraria.

Por ello sería no solo deseable sino enormemente efectivo que los letrados intentaran, antes o durante el proceso, conseguir un acuerdo a través de la negociación, pues aun cuando no puedan actuar como verdaderos mediadores al no ser terceros imparciales por defender a una de las partes, si pueden y deben intervenir teniendo en cuenta sus conocimientos jurídicos y profesionales y sobre todo un cierto distanciamiento del conflicto, que a sus clientes por razones obvias le faltan. Todo ello hace que su intervención, contactando con la otra parte para intentar acercar posiciones, resulte imprescindible para conseguir un acuerdo, en todo o en parte, sobre lo que es objeto de controversia, evitando así que los conflictos lleguen a los tribunales o poniendo fin a los ya iniciados, logrando con ello solucionar el conflicto de forma mucho más rápida, sin tener que acudir o continuar un largo y costoso procedimiento judicial y sin que ello merme el derecho de sus clientes, ya que los acuerdos logrados, bien mediante su elevación a escritura pública bien a través de su homologación por el tribunal, crean un titulo que lleva aparejada ejecución con las mismas consecuencias por consiguiente que si se tratara de una sentencia.

Fuente: Estrella Digital

Los del Estado no dan abasto. Está resultando ingente el trabajo para defender al Reino de ante los litigios interpuestos por fondos de medio mundo contra el recorte de las primas a las energías renovables acometido por el Gobierno español, en el marco de la reforma del sistema eléctrico. Indemnizaciones de cientos, sino miles, de millones de euros están en juego.

Hasta el mismísimo rey Juan Carlos ha intercedido en persona para que, al menos uno de los demandantes, el emirato de Abu Dabi, se lo piense dos veces, y retire la solicitud de interpuesta, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (), por Masdar, filial de Mubadala Development Company, el fondo soberano del emirato. Habrá que ver si la tuvo éxito.

Caso omiso a Soria

Quien no lo obtuvo fue el ministro de Industria, José Manuel Soria. A finales de diciembre de 2013 y ante la que se avecinaba, se reunió en el Ministerio con representantes de los fondos que habían presentado las primeras demandas para que las retiraran. No le hicieron caso alguno.

Semanas después se conocía que el CIADI había designado para tres de los cuatro procedimientos abiertos –un quinto fue presentado el pasado viernes por NextEra, gigante estadounidense de renovables–, en concreto los promovidos por el fondo de infraestructuras RREEF, ligado al Deutsche Bank; por Antin, firma francesa de inversión en infraestructuras en la que BNP es su principal inversor, y por el fondo británico Eiser, creado por el banco holandés ABN Amro, que opera en España con Elecnor.

Cambio de reglas a mitad de partido

Todos basan su solicitud de arbitraje en lo mismo, que se han cambiado las reglas de juego a mitad del partido y con efectos retroactivos. Les decía el ministro Soria, para echar más leña al fuego, que habían hecho unas inversiones con vistas a obtener una rentabilidad superior al 20% durante toda la vida, y que eso no ocurre en ningún país del mundo.

El problema es que lo hicieron, como señala el Deutsche Bank, para justificar su inversión a través de RREEF, “en un marco regulatorio transparente, estable y atractivo” que garantizaba la venta de su producción durante toda la vida operativa de las instalaciones.

Sin primas no hubiera habido inversión

Tanto el fondo alemán como los franceses de Antin habían comprado a ACS el 90% de las centrales termosolares Andasol 1 y 2, en la localidad granadina de Guadix, en una operación valorada en 830 millones de euros, deuda incluida, y contaban con las primas para que el asunto les saliera rentable. Sin primas no hubieran entrado.

El polémico Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, establece que los nuevos parámetros de retribución a las renovables tendrán en cuenta toda la vida útil de las instalaciones, de forma que muchas de ellas, como el caso de los parques eólicos anteriores a 2005, se quedarán sin derecho a recibir primas, y otras verán cómo estas se reducen de manera notable.

200 millones de perjuicio

NextEra, el gigante estadounidense, también ha echado sus cálculos sobre la incidencia de sus dos plantas termosolares en Madrigalejo (Cáceres) con una potencia instalada de 99,8 megavatios. Más de 200 millones de euros de ingresos menos.

Recurrir al CIADI, institución del que busca brindar seguridad jurídica a los flujos de inversión internacionales, no resulta barato. Hablamos de casi 20.000 euros por registrar la solicitud de arbitraje, a los que habría que añadir otros 2.200 euros de honorarios de los conciliadores, árbitros, comisionados y miembros de comités por cada día de trabajo, durante un periodo de entre cuatro y seis años.

Fuente: Economía Digital 

Después de haber pagado los fallos establecidos por el y (los tribunales de del y de la ) en favor de cinco empresas extranjeras, el Gobierno enfrenta ahora un nuevo test.

Según se conoció el martes, el primero de esos organismos confirmó que un panel de tres jueces falló en el caso que presentó la empresa francesa en contra de la en del 2004 por ruptura de contrato.

Una fuente dijo que el fallo determina que Argentina debe pagarle a Total aproximadamente 300 millones de dólares. En el CIADI dijeron que por el momento no tiene autorización para hacer público el fallo.

Ya están disponibles las fechas y el caso del , la Internacional de y de Internacional. Tiene como objetivo la formación de futuros con perfil internacional mediante la potenciación del conocimiento y uso de los textos legales del derecho uniforme del comercio internacional, así como del arbitraje comercial internacional como medio éste usual en la resolución de disputas en la contratación mercantil. Asimismo, el MOOT Madrid está dirigido a los profesionales nacionales e internacionales con interés en el derecho mercantil y en los arbitrajes internacionales, quienes podrán participar como en este foro de encuentro, que sirve además como plataforma de captación de talentos.

CALENDARIO

- 5 de noviembre 2013: Difusión del .

- 20 de noviembre 2013: Fecha límite para el envío por parle de los equipos de las posibles dudas o cuestiones que puedan surgir sobre el caso práctico.

- 14 de enero 2014: Fecha de entrega a la organización del Memorándum de la parle demandante. Fecha límite para el envío del formulario de inscripción y del pago de la inscripción

- 21 de enero 2014: Fecha límite de envío por parte de la organización del Memorándum de la parte demandante.

- 4 de marzo 2014: Fecha límite de entrega a la organización del Memorándum de la parte demandada.

- 21 al 25 de abril 2014: Fase oral: rondas generales, rondas eliminatorias y final. Ceremonia de clausura.

Los universitarios y los profesionales interesados en participar pueden encontrar información detallada e inscribirse en la web de MOOT Madrid: http://www.mootmadrid.es

Los equipos están formados por de Derecho de Facultades de Derecho de todo el mundo o alumnos de Centros o Escuelas de postgrado, en los que el estudio del Derecho forme parte del programa. Se recomienda que cada equipo sea preparado por un profesional del Derecho, ya sea un profesor universitario o un abogado, aunque también puede ser un estudiante que haya participado en ediciones anteriores. Este preparador tiene la importante función de guiar al equipo; si bien, no detenta la condición de miembro del equipo.

Su base consiste en un caso práctico que versa sobre temas relativos al derecho uniforme del comercio internacional y al , elaborado por profesores universitarios y abogados en ejercicio El idioma de la competición es el español.

Tras la publicación del caso práctico cada equipo debe en primer lugar, elaborar un escrito de , y a continuación, un escrito de contestación a la demanda en base al escrito de demanda de otro equipo previamente entregado a cada equipo.

En la fase oral de la competición cada equipo compuesto por dos oradores competirá en diferentes rondas contra diferentes equipos y alternando las posiciones de demandante y demandado. De esta manera, se pretende asemejar al máximo a la práctica de los arbitrajes comerciales internacionales, al tiempo que los equipos deben medir sus conocimientos jurídicos sus dotes orales.

Más información

ha acordado pagar unos 500 millones de dólares a cinco empresas para que retiren demandas ante paneles arbitrales de , en una medida que busca mejorar la imagen del país ante los inversores en medio de una dura batalla legal contra tenedores rebeldes de deuda.

Las empresas incluidas en el acuerdo son Azurix, Blue Ridge Investments, Vivendi, Continental Casualty Company y National Grid. Las cuatro primeras habían demandado a Argentina ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones () del , mientras que la restante ante un panel de las .

El arreglo incluye resarcir a las compañías con dos títulos públicos en dólares, el Bonar 2017 para el capital y el Boden 2015 para los intereses, a cambio de una quita 25% en los 677 millones de dólares que exigen como indemnización por las pérdidas acarreadas debido a medidas tomadas durante la argentina del 2001.

“La quita fijada en valor nominal a todos los acreedores por igual representa 25% respecto del monto originalmente reclamado, equivalente a un ahorro fiscal de 171 millones”, dijo el Ministerio de Economía del país sudamericano en un comunicado.

El Ministerio de Economía dijo que los bonos fueron entregados a valor nominal, lo cual supone una quita adicional teniendo en cuenta su valor de mercado, y que ingresaron al país unos 68 millones de dólares por compromisos de las compañías de reinvertir en un título local 10% del monto reclamado.

Varias empresas han demandado a Argentina ante el Ciadi y otros paneles de controversias comerciales por supuestos incumplimientos contractuales causados por medidas que incluyeron el congelamiento de las tarifas de compañías de servicios públicos y su conversión de dólares a pesos en medio de una fuerte devaluación. Hasta ahora, el Gobierno del país sudamericano se había negado a compensar a las empresas que han obtenido fallos arbitrales favorables con el argumento de que debían litigar en tribunales locales, lo que llevó a Washington el año pasado a cancelar una serie de beneficios comerciales al país.

Como parte de la campaña de presión, Estados Unidos además votó en contra del otorgamiento de nuevos préstamos a Argentina en el directorio del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

El país sudamericano también necesita el apoyo de Washington en su larga y multimillonaria batalla judicial con tenedores de deuda en cesación de pagos que se han negado a aceptar quitas a cambio de bonos que el país honra regularmente. Argentina aún enfrenta demandas en el Ciadi por casi 20,000 millones de dólares, dijo la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales en un informe.

La mayor es la interpuesta por el grupo español debido a que no fue compensado por la expropiación de su 51% en la petrolera YPF el año pasado. valoró en unos 10,000 millones de dólares la participación.

Fuente: El Economista

Aquí os dejamos una práctica para conocer el funcionamiento y los entresijos del en . Esperamos que os sirva de ayuda.

Guide To International Arbitration

ha confirmado su decisión de no impugnar el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones () que le obliga a pagar a la empresa española alrededor de 38 millones de dólares.

“La evaluación que se ha hecho es ‘no gastemos más recursos en algo que, notoriamente, está perdido”, dijo en entrevista telefónica con Efe el secretario (ministerio) de Economía, Ildefonso Guajardo, para justificar que no habrá recurso.

Un diario mexicano adelantó que el Gobierno había descartado impugnar un arbitral que en abril le condenó a indemnizar a la española Abengoa por la clausura de un vertedero de residuos que construyó en Zimapán, en el central estado de Hidalgo.

El conflicto

El depósito de residuos comenzó a ser construido en 2006 con los pertinentes permisos entre los estados de Hidalgo y Querétaro, muy cerca de la reserva natural de Sierra Gorda, declarada territorio protegido por el Gobierno mexicano y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y fue terminado, pero nunca entró en operación.

La obra pública que realizó una filial de la empresa española, , pretendía evitar que los productos fueran vertidos a los ríos y acuíferos de México sin control, pero el entonces alcalde de Zimapán, José María Lozano, bloqueó su actividad con el apoyo del movimiento “Todos somos Zimapán”.

Este colectivo acusó a la filial de Abengoa de contaminar con arsénico el manto acuífero del lugar, unos 200 kilómetros al norte de Ciudad de México.

La decisión final del laudo prácticamente deja cerrado un caso de violación del Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones (APRI) entre México y que se ha prolongado durante tres años.

Tampoco se ha fijado el monto definitivo de la compensación, algo que el CIADI, que depende del (BM), “estará precisando en los próximos días”, dijo el ministro Guajardo.

Explicó que “la evaluación que se hace de este caso es que los elementos que afectan al mismo son tan claros en el incumplimiento por parte de la autoridad municipal que estaríamos desperdiciando recursos valiosos de la nación en llevar el caso a tribunales”.

Agregó que el equipo legal de la Secretaría de Economía sabe “de entrada que hay muy pocos elementos para poder revertir la decisión ya de un tribunal internacional en las cortes”.

Desde 1994 México ha estado involucrado en quince casos de internacional de los que ganó siete y perdió ocho.

Entre los últimos México únicamente impugnó uno, “que fue el caso de (la estadounidense) Cargill y la fructosa” por aranceles mexicanos puestos entre 2002 y 2007, “y finalmente lo terminamos perdiendo”, recordó Guajardo.

A futuro, el ministro dijo que el caso Zimapán está siendo sometido a análisis en el Gabinete económico para introducir posibles cambios legales y corresponsabilizar a las autoridades locales cuando sus acciones motiven el pago de indemnizaciones por parte del Gobierno federal.

“Tenemos que trabajar para hacer adecuaciones al marco legal nacional para que los incentivos de actuar con responsabilidad en todos los niveles de Gobierno se alineen y que los platos rotos no solo los pague la Federación cuando la acción proviene de una decisión de la autoridad local”, apuntó.

Según Guajardo, con todo y situaciones como la del caso Abengoa, es del “interés nacional seguir promoviendo esos acuerdos internacionales que le dan certidumbre a la inversión”.

Fuente: El Economista América

Después de dos años de aprobada la ley de internacional, ya está lista para ser sede de cualquier resolución de conflicto comercial a través de la y conciliación.

Costa Rica ya cuenta con un centro de que tiene un para estos procesos: el (CCA), de la . Aunque aún no ha participado en algún caso, ya ha recibido consultas de diversas partes del mundo.

Junto a esto, a diferencia de otros sistemas judiciales del mundo en que el arbitraje ha sido visto con recelo, en Costa Rica ha ocurrido lo contrario.

La Corte Suprema de Justicia es la que ha promovido el arbitraje internacional desde el inicio, pues reconoce el proceso como una forma alterna para resolver conflictos.

Además, como en los arbitrajes internacionales cabe la posibilidad de que en alguna etapa del proceso se requiera del auxilio del sistema judicial ordinario, la Corte capacitó a un grupo de jueces y magistrados sobre el tema.

Este paso que dio Costa Rica es la cereza en el pastel de una larga trayectoria, pues el país inició su camino en el arbitraje a nivel local hace 15 años, bajo la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social . Al menos 15 centros resuelven estos conflictos.

“Hay un issue de experiencia que es importante en el país y que hace que demos este paso muy seguros”, dijo Zoila Rosa Volio, presidenta del CCA.

En cualquier sitio

El arbitraje internacional no tiene fronteras.

Se hace en cualquier lugar del mundo que acuerden las partes, aplicando la ley que ellas decidan y con dos ( ) escogidos (uno por cada parte) y el tercero seleccionado por esos dos.

Existen varios convenios internacionales, entre ellos la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros (1958, en Nueva York) y la Convención Interamericana sobre Arbitraje (suscrita en 1975, en Panamá).

Costa Rica es parte de esos dos tratados y además aprobó como ley interna la ley modelo de Uncitral (Comisión de las para el Derecho Comercial) en el 2011.

Con estas leyes se armonizan las reglas y se facilita la uniformidad de criterios jurídicos entre los distintos países que las suscribieron, así como la certeza y seguridad de someterse a normas internas de los diferentes países.

“Necesitamos promover al país como sede de arbitrajes internacionales. Nos tienen que conocer. Eso será importante para lograr encadenamientos”, dijo José Rafael Fernádez, presidente de International Chamber of Commerce.

Añadió que se le ofrece seguridad al inversionista extranjero de que la sentencia del arbitraje que se dicte fuera o dentro del país puede ser ejecutada aquí, sin problema.

Para la ministra de Comercio Exterior, Anabelle González, era una obligación. “Costa Rica tenía que abrirse, sin límites. El arbitraje se respeta como una vía independiente y tenemos que aceptar que la realidad comercial actual impulsa al mundo a esto”, declaró.

Opción en auge

La globalización del comercio y los esfuerzos por la atracción de inversión ha obligado a los países a uniformar legislaciones, simplificar procedimientos y facilitar regulaciones.

Los inversionistas también han exigido una estandarización en la solución de controversias que les permita tener certeza y seguridad y esto hace que los países se vean en la obligación de aprobar las leyes sobre arbitraje comercial internacional.

Una de las ventajas que se le señala a este proceso, en comparación con la justicia ordinaria, es la rapidez.

Esto porque los árbitros deben decidir en un plazo determinado, y aunque haya que pagar por honorarios, la ganancia está en la menor duración del proceso.

Aunado a esto se hace hincapié en la confidencialidad del proceso, pues solo las partes y los abogados pueden tener acceso al expediente.

Respeto al modelo

Adicionalmente, no hay roce con la justicia ordinaria. La Sala I ha dicho que el arbitraje es un nuevo modelo de administración de justicia, desligado del institucional, en el que la participación del órgano judicial se encuentra reducida al mínimo.

Esto por respeto a la autonomía de la voluntad de las partes involucradas en el conflicto.

Los jueces de la República intervendrían en estos procesos cuando haya que dictar medidas cautelares, recibir alguna prueba o dar nulidad al laudo (resolución del caso).

Magally Mc Lean, directora interina del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, dejó claro que los jueces nacionales no tienen que ver el proceso, ni valorarlo, sino solo revisar si la sentencia es nula

Es algo en lo que no hay conflicto. “Tenemos que entender que las reglas del juego a nivel internacional son diferentes, hay que responder con mayor rapidez”, dijo la presidenta de la Sala I, Anabelle León.

Fuente: El Financiero

El Colegio de de Barcelona acogió, el pasado 3 de julio, la presentación del libro “El : nueva regulación y ”, una que cuenta con la participación de dieciséis procedentes de la abogacía, el notariado, los registros, la judicatura y la universidad.

En la monografía se examinan, entre otros aspectos, las ventajas del arbitraje, la condición de jurista del árbitro o el papel de las instituciones arbitrales, así como el arbitraje de equidad, el , el arbitraje societario, la compatibilidad del arbitraje con el concurso de acreedores o el arbitraje en la Administración.Entre los aspectos que incluye esta obra también destacan el análisis del arbitral, sus efectos registrales y su anulación, así como cuestiones procesales del arbitraje y las nuevas competencias de los órganos judiciales.

Pedro L. Yúfera Sales, decano del Colegio de Abogados de Barcelona, fue el encargado de inaugurar el acto de presentación. Yúfera, durante el mandato del cual se ha impulsado la Comisión de arbitraje, consideró que es “fundamental que los abogados conozcan el funcionamiento del arbitraje y sepan qué valores añadidos aporta respecto del procedimiento ordinario “entre otros que la resolución del conflicto se deba realizar en seis meses- de esta manera podrán recomendarlo a sus clientes”. Y añadió: “obras como la presentada en el Colegio de Abogados de Barcelona son básicas para el conocimiento del arbitraje”.

Cabe recordar que Yúfera para promover el arbitraje impulsó, el mes de octubre pasado, entre otras acciones, la organización en Barcelona del primer congreso internacional sobre esta materia, titulado Arbitration: back to future, sobre el cual se está preparando una segunda edición.

Seguidamente, Josep-Delfí Guàrdia, presidente de la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya destacó que “la Acadèmia se siente muy orgullosa de la participación en el libro de cuatro de sus miembros de número y del enfoque, a la vez teórico e instrumental, con el cual se afronta una materia tan importante”. Sobre la obra resaltó que “se trata de un libro magnífico por la valía de los juristas que han colaborado y por la acertada síntesis entre un riguroso planteamiento académico y una muy oportuna visión práctica del tema del arbitraje, una de las instituciones llamadas a tener un papel cada vez más importante en la resolución de conflictos entre los particulares”.

Por su parte, Jesús de Alfonso, presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona añadió que”los principales retos que afrontan actualmente las instituciones arbitrales son generar confianza y calidad para hacer del arbitraje un referente para la sociedad y para el mundo jurídico”. En este sentido, el presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona también quiso remarcar la necesidad de apostar por una “formación especializada en arbitraje entre los profesionales del sector jurídico”.

El acto lo clausuró Santiago Ballester, director general de Derecho y Entidades Jurídicas del Departamento de de la Generalitat de Catalunya y también contó con la asistencia de Francisco Tusquets y del director de la Revista Jurídica de Cataluña, Daniel Vázquez, codirectores, estos dos últimos, del libro.

Fuente: El Economista

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