Después de haber pagado los fallos establecidos por el y (los tribunales de del y de la ) en favor de cinco empresas extranjeras, el Gobierno enfrenta ahora un nuevo test.

Según se conoció el martes, el primero de esos organismos confirmó que un panel de tres jueces falló en el caso que presentó la empresa francesa en contra de la en del 2004 por ruptura de contrato.

Una fuente dijo que el fallo determina que Argentina debe pagarle a Total aproximadamente 300 millones de dólares. En el CIADI dijeron que por el momento no tiene autorización para hacer público el fallo.

Ya están disponibles las fechas y el caso del , la Internacional de y de Internacional. Tiene como objetivo la formación de futuros con perfil internacional mediante la potenciación del conocimiento y uso de los textos legales del derecho uniforme del comercio internacional, así como del arbitraje comercial internacional como medio éste usual en la resolución de disputas en la contratación mercantil. Asimismo, el MOOT Madrid está dirigido a los profesionales nacionales e internacionales con interés en el derecho mercantil y en los arbitrajes internacionales, quienes podrán participar como en este foro de encuentro, que sirve además como plataforma de captación de talentos.

CALENDARIO

- 5 de noviembre 2013: Difusión del .

- 20 de noviembre 2013: Fecha límite para el envío por parle de los equipos de las posibles dudas o cuestiones que puedan surgir sobre el caso práctico.

- 14 de enero 2014: Fecha de entrega a la organización del Memorándum de la parle demandante. Fecha límite para el envío del formulario de inscripción y del pago de la inscripción

- 21 de enero 2014: Fecha límite de envío por parte de la organización del Memorándum de la parte demandante.

- 4 de marzo 2014: Fecha límite de entrega a la organización del Memorándum de la parte demandada.

- 21 al 25 de abril 2014: Fase oral: rondas generales, rondas eliminatorias y final. Ceremonia de clausura.

Los universitarios y los profesionales interesados en participar pueden encontrar información detallada e inscribirse en la web de MOOT Madrid: http://www.mootmadrid.es

Los equipos están formados por de Derecho de Facultades de Derecho de todo el mundo o alumnos de Centros o Escuelas de postgrado, en los que el estudio del Derecho forme parte del programa. Se recomienda que cada equipo sea preparado por un profesional del Derecho, ya sea un profesor universitario o un abogado, aunque también puede ser un estudiante que haya participado en ediciones anteriores. Este preparador tiene la importante función de guiar al equipo; si bien, no detenta la condición de miembro del equipo.

Su base consiste en un caso práctico que versa sobre temas relativos al derecho uniforme del comercio internacional y al , elaborado por profesores universitarios y abogados en ejercicio El idioma de la competición es el español.

Tras la publicación del caso práctico cada equipo debe en primer lugar, elaborar un escrito de , y a continuación, un escrito de contestación a la demanda en base al escrito de demanda de otro equipo previamente entregado a cada equipo.

En la fase oral de la competición cada equipo compuesto por dos oradores competirá en diferentes rondas contra diferentes equipos y alternando las posiciones de demandante y demandado. De esta manera, se pretende asemejar al máximo a la práctica de los arbitrajes comerciales internacionales, al tiempo que los equipos deben medir sus conocimientos jurídicos sus dotes orales.

Más información

ha acordado pagar unos 500 millones de dólares a cinco empresas para que retiren demandas ante paneles arbitrales de , en una medida que busca mejorar la imagen del país ante los inversores en medio de una dura batalla legal contra tenedores rebeldes de deuda.

Las empresas incluidas en el acuerdo son Azurix, Blue Ridge Investments, Vivendi, Continental Casualty Company y National Grid. Las cuatro primeras habían demandado a Argentina ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones () del , mientras que la restante ante un panel de las .

El arreglo incluye resarcir a las compañías con dos títulos públicos en dólares, el Bonar 2017 para el capital y el Boden 2015 para los intereses, a cambio de una quita 25% en los 677 millones de dólares que exigen como indemnización por las pérdidas acarreadas debido a medidas tomadas durante la argentina del 2001.

“La quita fijada en valor nominal a todos los acreedores por igual representa 25% respecto del monto originalmente reclamado, equivalente a un ahorro fiscal de 171 millones”, dijo el Ministerio de Economía del país sudamericano en un comunicado.

El Ministerio de Economía dijo que los bonos fueron entregados a valor nominal, lo cual supone una quita adicional teniendo en cuenta su valor de mercado, y que ingresaron al país unos 68 millones de dólares por compromisos de las compañías de reinvertir en un título local 10% del monto reclamado.

Varias empresas han demandado a Argentina ante el Ciadi y otros paneles de controversias comerciales por supuestos incumplimientos contractuales causados por medidas que incluyeron el congelamiento de las tarifas de compañías de servicios públicos y su conversión de dólares a pesos en medio de una fuerte devaluación. Hasta ahora, el Gobierno del país sudamericano se había negado a compensar a las empresas que han obtenido fallos arbitrales favorables con el argumento de que debían litigar en tribunales locales, lo que llevó a Washington el año pasado a cancelar una serie de beneficios comerciales al país.

Como parte de la campaña de presión, Estados Unidos además votó en contra del otorgamiento de nuevos préstamos a Argentina en el directorio del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

El país sudamericano también necesita el apoyo de Washington en su larga y multimillonaria batalla judicial con tenedores de deuda en cesación de pagos que se han negado a aceptar quitas a cambio de bonos que el país honra regularmente. Argentina aún enfrenta demandas en el Ciadi por casi 20,000 millones de dólares, dijo la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales en un informe.

La mayor es la interpuesta por el grupo español debido a que no fue compensado por la expropiación de su 51% en la petrolera YPF el año pasado. valoró en unos 10,000 millones de dólares la participación.

Fuente: El Economista

Aquí os dejamos una práctica para conocer el funcionamiento y los entresijos del internacional en . Esperamos que os sirva de ayuda.

Guide To International Arbitration

ha confirmado su decisión de no impugnar el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones () que le obliga a pagar a la empresa española alrededor de 38 millones de dólares.

“La evaluación que se ha hecho es ‘no gastemos más recursos en algo que, notoriamente, está perdido”, dijo en entrevista telefónica con Efe el secretario (ministerio) de Economía, Ildefonso Guajardo, para justificar que no habrá recurso.

Un diario mexicano adelantó que el Gobierno había descartado impugnar un arbitral que en abril le condenó a indemnizar a la española Abengoa por la clausura de un vertedero de residuos que construyó en Zimapán, en el central estado de Hidalgo.

El conflicto

El depósito de residuos comenzó a ser construido en 2006 con los pertinentes permisos entre los estados de Hidalgo y Querétaro, muy cerca de la reserva natural de Sierra Gorda, declarada territorio protegido por el Gobierno mexicano y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y fue terminado, pero nunca entró en operación.

La obra pública que realizó una filial de la empresa española, , pretendía evitar que los productos fueran vertidos a los ríos y acuíferos de México sin control, pero el entonces alcalde de Zimapán, José María Lozano, bloqueó su actividad con el apoyo del movimiento “Todos somos Zimapán”.

Este colectivo acusó a la filial de Abengoa de contaminar con arsénico el manto acuífero del lugar, unos 200 kilómetros al norte de Ciudad de México.

La decisión final del laudo prácticamente deja cerrado un caso de violación del Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones (APRI) entre México y que se ha prolongado durante tres años.

Tampoco se ha fijado el monto definitivo de la compensación, algo que el CIADI, que depende del (BM), “estará precisando en los próximos días”, dijo el ministro Guajardo.

Explicó que “la evaluación que se hace de este caso es que los elementos que afectan al mismo son tan claros en el incumplimiento por parte de la autoridad municipal que estaríamos desperdiciando recursos valiosos de la nación en llevar el caso a tribunales”.

Agregó que el equipo legal de la Secretaría de Economía sabe “de entrada que hay muy pocos elementos para poder revertir la decisión ya de un tribunal internacional en las cortes”.

Desde 1994 México ha estado involucrado en quince casos de internacional de los que ganó siete y perdió ocho.

Entre los últimos México únicamente impugnó uno, “que fue el caso de (la estadounidense) Cargill y la fructosa” por aranceles mexicanos puestos entre 2002 y 2007, “y finalmente lo terminamos perdiendo”, recordó Guajardo.

A futuro, el ministro dijo que el caso Zimapán está siendo sometido a análisis en el Gabinete económico para introducir posibles cambios legales y corresponsabilizar a las autoridades locales cuando sus acciones motiven el pago de indemnizaciones por parte del Gobierno federal.

“Tenemos que trabajar para hacer adecuaciones al marco legal nacional para que los incentivos de actuar con responsabilidad en todos los niveles de Gobierno se alineen y que los platos rotos no solo los pague la Federación cuando la acción proviene de una decisión de la autoridad local”, apuntó.

Según Guajardo, con todo y situaciones como la del caso Abengoa, es del “interés nacional seguir promoviendo esos acuerdos internacionales que le dan certidumbre a la inversión”.

Fuente: El Economista América

Después de dos años de aprobada la ley de , Costa Rica ya está lista para ser sede de cualquier resolución de conflicto comercial a través de la mediación y .

Costa Rica ya cuenta con un centro de internacional que tiene un para estos procesos: el (CCA), de la Cámara de Comercio. Aunque aún no ha participado en algún caso, ya ha recibido consultas de diversas partes del mundo.

Junto a esto, a diferencia de otros sistemas judiciales del mundo en que el arbitraje ha sido visto con recelo, en Costa Rica ha ocurrido lo contrario.

La Corte Suprema de Justicia es la que ha promovido el arbitraje internacional desde el inicio, pues reconoce el proceso como una forma alterna para resolver conflictos.

Además, como en los arbitrajes internacionales cabe la posibilidad de que en alguna etapa del proceso se requiera del auxilio del sistema judicial ordinario, la Corte capacitó a un grupo de jueces y magistrados sobre el tema.

Este paso que dio Costa Rica es la cereza en el pastel de una larga trayectoria, pues el país inició su camino en el arbitraje a nivel local hace 15 años, bajo la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social . Al menos 15 centros resuelven estos conflictos.

“Hay un issue de experiencia que es importante en el país y que hace que demos este paso muy seguros”, dijo Zoila Rosa Volio, presidenta del CCA.

En cualquier sitio

El arbitraje internacional no tiene fronteras.

Se hace en cualquier lugar del mundo que acuerden las partes, aplicando la ley que ellas decidan y con dos ( ) escogidos (uno por cada parte) y el tercero seleccionado por esos dos.

Existen varios convenios internacionales, entre ellos la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros (1958, en Nueva York) y la Convención Interamericana sobre Arbitraje (suscrita en 1975, en Panamá).

Costa Rica es parte de esos dos tratados y además aprobó como ley interna la ley modelo de (Comisión de las para el Derecho Comercial) en el 2011.

Con estas leyes se armonizan las reglas y se facilita la uniformidad de criterios jurídicos entre los distintos países que las suscribieron, así como la certeza y seguridad de someterse a normas internas de los diferentes países.

“Necesitamos promover al país como sede de arbitrajes internacionales. Nos tienen que conocer. Eso será importante para lograr encadenamientos”, dijo José Rafael Fernádez, presidente de International Chamber of Commerce.

Añadió que se le ofrece seguridad al inversionista extranjero de que la sentencia del arbitraje que se dicte fuera o dentro del país puede ser ejecutada aquí, sin problema.

Para la ministra de Comercio Exterior, Anabelle González, era una obligación. “Costa Rica tenía que abrirse, sin límites. El arbitraje se respeta como una vía independiente y tenemos que aceptar que la realidad comercial actual impulsa al mundo a esto”, declaró.

Opción en auge

La globalización del comercio y los esfuerzos por la atracción de inversión ha obligado a los países a uniformar legislaciones, simplificar procedimientos y facilitar regulaciones.

Los inversionistas también han exigido una estandarización en la solución de controversias que les permita tener certeza y seguridad y esto hace que los países se vean en la obligación de aprobar las leyes sobre arbitraje comercial internacional.

Una de las ventajas que se le señala a este proceso, en comparación con la justicia ordinaria, es la rapidez.

Esto porque los árbitros deben decidir en un plazo determinado, y aunque haya que pagar por honorarios, la ganancia está en la menor duración del proceso.

Aunado a esto se hace hincapié en la confidencialidad del proceso, pues solo las partes y los abogados pueden tener acceso al expediente.

Respeto al modelo

Adicionalmente, no hay roce con la justicia ordinaria. La Sala I ha dicho que el arbitraje es un nuevo modelo de administración de justicia, desligado del institucional, en el que la participación del órgano judicial se encuentra reducida al mínimo.

Esto por respeto a la autonomía de la voluntad de las partes involucradas en el conflicto.

Los jueces de la República intervendrían en estos procesos cuando haya que dictar medidas cautelares, recibir alguna prueba o dar nulidad al (resolución del caso).

Magally Mc Lean, directora interina del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, dejó claro que los jueces nacionales no tienen que ver el proceso, ni valorarlo, sino solo revisar si la sentencia es nula

Es algo en lo que no hay conflicto. “Tenemos que entender que las reglas del juego a nivel internacional son diferentes, hay que responder con mayor rapidez”, dijo la presidenta de la Sala I, Anabelle León.

Fuente: El Financiero

El Colegio de de Barcelona acogió, el pasado 3 de julio, la presentación del libro “El : nueva regulación y ”, una que cuenta con la participación de dieciséis procedentes de la abogacía, el notariado, los registros, la judicatura y la universidad.

En la monografía se examinan, entre otros aspectos, las ventajas del arbitraje, la condición de jurista del árbitro o el papel de las instituciones arbitrales, así como el arbitraje de equidad, el , el arbitraje societario, la compatibilidad del arbitraje con el concurso de acreedores o el arbitraje en la Administración.Entre los aspectos que incluye esta obra también destacan el análisis del arbitral, sus efectos registrales y su anulación, así como cuestiones procesales del arbitraje y las nuevas competencias de los órganos judiciales.

Pedro L. Yúfera Sales, decano del Colegio de Abogados de Barcelona, fue el encargado de inaugurar el acto de presentación. Yúfera, durante el mandato del cual se ha impulsado la Comisión de arbitraje, consideró que es “fundamental que los abogados conozcan el funcionamiento del arbitraje y sepan qué valores añadidos aporta respecto del procedimiento ordinario “entre otros que la resolución del conflicto se deba realizar en seis meses- de esta manera podrán recomendarlo a sus clientes”. Y añadió: “obras como la presentada en el Colegio de Abogados de Barcelona son básicas para el conocimiento del arbitraje”.

Cabe recordar que Yúfera para promover el arbitraje impulsó, el mes de octubre pasado, entre otras acciones, la organización en Barcelona del primer congreso internacional sobre esta materia, titulado Arbitration: back to future, sobre el cual se está preparando una segunda edición.

Seguidamente, Josep-Delfí Guàrdia, presidente de la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya destacó que “la Acadèmia se siente muy orgullosa de la participación en el libro de cuatro de sus miembros de número y del enfoque, a la vez teórico e instrumental, con el cual se afronta una materia tan importante”. Sobre la obra resaltó que “se trata de un libro magnífico por la valía de los juristas que han colaborado y por la acertada síntesis entre un riguroso planteamiento académico y una muy oportuna visión práctica del tema del arbitraje, una de las instituciones llamadas a tener un papel cada vez más importante en la resolución de conflictos entre los particulares”.

Por su parte, Jesús de Alfonso, presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona añadió que”los principales retos que afrontan actualmente las instituciones arbitrales son generar confianza y calidad para hacer del arbitraje un referente para la sociedad y para el mundo jurídico”. En este sentido, el presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona también quiso remarcar la necesidad de apostar por una “formación especializada en arbitraje entre los profesionales del sector jurídico”.

El acto lo clausuró Santiago Ballester, director general de Derecho y Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya y también contó con la asistencia de Francisco Tusquets y del director de la Revista Jurídica de Cataluña, Daniel Vázquez, codirectores, estos dos últimos, del libro.

Fuente: El Economista

Aquí os dejamos un artículo publicado en por , Socia y directora de la oficina de París de donde se explica el caso en el que se ha visto envuelto .

Paris: Plaza mundial del

Desde hace unas semanas la prensa francesa está cubriendo intensamente el caso de un laudo o sentencia arbitral dictado en julio de 2008 en el conflicto entre Bernard Tapie y los liquidadores de su antiguo grupo (Adidas) contra CDR, organismo encargado de gestionar el pasivo del antiguo banco público Crédit Lyonnais. El terminó reconociendo unos daños y perjuicios de más de 400 millones de euros en favor de los liquidadores del Grupo Adidas y los esposos Tapie, incluyendo una cuantía de 45 millones en favor de éstos últimos, en concepto de perjuicio moral por la gestión llevada por dicho banco en la operación de venta del Grupo Adidas.

La personalidad controvertida de Bernard Tapie, antiguo ministro socialista reconvertido al mundo de los negocios, la importancia de las condenas pronunciadas, las sospechas sobre una posible intervención de Nicolas Sarkozy, antiguo Presidente de la República francesa, las declaraciones del actual ejecutivo francés sobre un posible recurso en revisión de la decisión arbitral cinco años después y la desconfianza general del publico frente a los políticos, tras varios escándalos de malversaciones y fraudes han sido los factores que han desencadenado la especial atención dedicada por la prensa al tema.

La ola de sospecha en cuanto a la legalidad del arbitraje ha sido intensificada tras la apertura de una instrucción judicial que ha desembocado en la imputación por un presunto delito de “estafa en banda organizada” (“escroquerie en bande organisée”) de varias personas: Pierre Estoup, uno de los tres que formaba parte del Tribunal arbitral, antiguo magistrado y Presidente honorario de la Corte de apelación de Versalles, Jean-François Rocchi, antiguo presidente del Consortium de Réalisation (CDR), y Stéphan Richard actual presidente de la compañía Orange (y antiguo Jefe de Gabinete de Christine Lagarde ex ministra de economía).

La audición de Christine Lagarde por la Corte de Justicia de la República, actual Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha saldado por una declaración como simple testigo asistido (“témoin assisté”) con derecho a acceso al expediente penal y a la asistencia de un abogado.

Cabe recordar que la decisión de someter el conflicto a arbitraje fue aprobado por el juez encargado del concurso en el que estaba inmerso el Grupo Adidas y por el Presidente del Tribunal de comercio de París, y fue interpretado en su momento como la posibilidad de poner un término a un imbroglio judicial particularmente complejo compuesto tras múltiples procedimientos judiciales iniciados por los liquidadores, evitando así los costes judiciales y los intereses de demora que se estaban devengando.

Los medios franceses utilizan formulas como “arbitraje privado” que ha podido ser privilegiado en contra de los intereses del Estado francés.

Cabe señalar que el vocablo “arbitraje privado” puede ser erróneamente conjugado por el público como sospechoso, cuando en realidad el arbitraje es un modo alternativo de resolución de conflictos de naturaleza efectivamente privada, a diferencia de la justicia pública impartida por las jurisdicciones del Estado.

El arbitraje, y sobre todo el arbitraje internacional es utilizado ampliamente en el mundo de negocios, tanto por empresas privadas, públicas e incluso Estados. Las ventajas que presenta son la celeridad y la confidencialidad y la posibilidad que tienen las partes de elegir a árbitros que tengan un especial conocimiento para resolver temas complejos, como la aplicación de un derecho extranjero con la posibilidad de que el procedimiento arbitral sea desarrollado en una lengua distinta de la del país en que se desarrolle el procedimiento.

Por supuesto, el recurso al arbitraje necesita el consentimiento de las partes, ya sea mediante una disposición contractual (cláusula compromisoria) o mediante acuerdo consensuado una vez ya se ha iniciado el conflicto, incluso tras haber intentado acciones judiciales o extrajudiciales como por ejemplo la .

París es reconocida como una de las plazas más importantes del arbitraje internacional, por ser la sede de la Institución arbitral más conocida a nivel mundial, la Internacional (CCI).

La tradición jurídica de la doctrina y la jurisprudencia francesas han sido especialmente protectoras del arbitraje, a lo largo de estos últimos años, siendo un modelo para muchos otros países, incluido . El Código de procedimiento civil francés limita los casos de anulación de laudos a supuestos muy específicos como la violación del orden público, nulidad del convenio o el infringir el principio de la contradicción. El recurso en revisión invocado por el ejecutivo francés es un recurso extraordinario reservado a casos de revelación de elementos graves descubiertos (por ejemplo en caso de fraude) después de la sentencia arbitral y tras haber expirado los plazos normales par un recurso ordinario en anulación.

Esperemos que la justicia termine serenamente la investigación y pueda pronunciarse rápidamente sobre la realidad de dichos elementos y en su caso sobre la legitimidad de un eventual recurso en revisión, para que este modo alternativo y útil de resolución de conflictos pueda ser de nuevo apreciado con el prestigio y reconocimiento que merece. El actual sentimiento de sospecha generalizada que ha propiciado el mediático caso del Sr. Tapie, es contraproducente para la hegemonía incontestable de París en el mundo del arbitraje internacional.

No podemos descartar que otras plazas con instituciones arbitrales internacionales de prestigio como Madrid, Barcelona o Ginebra aprovechen este periodo delicado para intentar aprovechar la ocasión, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de arbitrajes internacionales de la CCI son de lengua española.

Fuente: Lawyer Press

El de la ha fallado en contra de la constructora costarricense por la que presentó contra el Estado de a través de Fomilenio por 11 millones 502 dólares. La resolución ordena a Meco a pagar las procesales o el trámite de la demanda que ascendería a más de 80 mil dólares.

La empresa demandante trabajó en el tramo seis de la construcción de la carretera Longitudinal del Norte, desvío Ciudad Barrios, en San Miguel; Osicala, en Morazán, y Delicias de Concepción-Cacaopera, en La Unión. Meco acudió al y Arbitraje de la de , mejor conocida como Canaco, argumentando que Fomilenio no le reconoció los costos por el incremento extraordinario imprevisible de volumen de obra en torno a la construcción del tramo seis de la longitudinal norte.

El adicional cobrado por Meco fue basado en los daños causados por la tormenta tropical 12E en octubre de 2011. El 16 de octubre de 2012, Fomilenio presentó ante el Tribunal su oposición al proceso de arbitraje por considerar que el Canaco no era la instancia plasmada en el contrato previamente establecido para dirimir el conflicto. A partir del 18 de enero de este año, cuando Fomilenio dejó de existir, la Fiscalía se mostró como parte, en defensa de los intereses del Estado, ante el mismo Tribunal.

Fuente: Elsalvador

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